Una Ley para las cooperadoras
marco legal para las organizaciones de apoyo en las escuelas
La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que brinda protección a las cooperadoras escolares. Les da mayor autonomía y establece que su papel no debe reemplazar las funciones del Estado. La iniciativa fue impulsada por el senador Daniel Filmus.
Las cooperadoras escolares son las organizaciones más antiguas del país. Desde ayer, por primera vez en su historia, cuentan con una ley marco que las regula en sus funciones y quehaceres. El proyecto, elaborado por el senador porteño del Frente para la Victoria (FpV) Daniel Filmus, fue avalado por unanimidad en ambas cámaras del Congreso Nacional. “Es una manera de evitar que la cooperadora reemplace la función del Estado, algo que pasó mucho durante los ’90. La idea es que sean un apoyo para la escuela”, reflexionó el mentor de la norma.
Se conformaron hace unos cien años. Desde entonces son parte del sistema educativo. En la actualidad hay unas 30 mil en todo el país y funcionan en unos 40 mil establecimientos. “No contaban con ningún marco legal que las respaldara”, argumentó Filmus a Página/12. Por eso, la necesidad de crear un marco normativo que estableciera responsabilidades, funciones y recursos con los que contar.
Esta legislación aleja a las cooperadoras de la posibilidad de suplir la función del Estado, por ejemplo, en cuestiones de infraestructura. En cambio, las acerca a la inclusión de los habitantes del barrio, no docentes, familiares y ex alumnos, que pueden interactuar con la escuela desde un punto de vista recreativo. Así, se destaca su función social por sobre cualquier otra cuestión.
“La Ley Nacional 26.206 de Educación habla de la participación de las familias y la comunidad educativa en las escuelas, pero no planteaba un mecanismo de participación concreto”, explicó el legislador. La intención es “colaborar en el proceso educativo de los alumnos y alumnas”, precisa el primer artículo de la norma.
La democratización de la gestión educativa, la mejora de los establecimientos, la promoción de la igualdad de trato y oportunidades, además de la promoción de la defensa de la educación pública, son algunos de los principios generales a los que cada una de las provincias se deberá adecuar a la hora de diseñar su propia legislación. Y, de igual modo, deberán hacer las organizaciones al redactar sus estatutos.
“El Estado nacional reasumió su compromiso con la educación, por eso, sancionamos esta ley que busca fortalecer el vínculo entre la escuela y la familia”, expresó la diputada nacional del FpV Mara Brawer.
Una diferencia que establece la nueva ley con la actual situación es que ya no dependerá de los directivos la existencia de la cooperadora dentro de la escuela. Tampoco, en caso de que se organicen actividades de fin de semana dentro de la institución, será necesaria la presencia de los directivos. La cooperadora tiene rango institucional dentro del ámbito educativo.
“Si un kiosquero que pertenece a la cooperadora tenía un accidente de trabajo, terminaba en juicio por no tener resguardo legal. Ahora tiene amparo”, graficó Filmus.
El Ministerio de Educación de la Nación también se constituirá como un actor importante, ya que, según indica el artículo 8, “diseñará campañas de difusión relativas a la importancia de la cooperación y la participación ciudadana en el ámbito educativo”.
Además, el Consejo Consultivo de Políticas Educativas del Consejo Federal de Educación las nucleará a nivel jurisdiccional, provincial y nacional.
