Paradoja del papel de la educación para alcanzar un empleo decente y fuerte marginación de los excluidos
por Julián A. de Diego Director del Posgrado en Conducción de Recursos Humanos de la U.C.A.
Se requiere estudios secundarios completos para ocupar un puesto de repositor de
$ 3.500 de salario mensual de bolsillo. Se exige ser bilingüe al aspirar a un puesto de telefonista de $ 4.000 de sueldo. En los estudios profesionales o en las organizaciones que requieren profesionales, los arquitectos, ingenieros, contadores, abogados, bioquímicos, farmacéuticos, y otros realizan pasantías por $ 1.500 a $ 2.500 para realizar la primera experiencia, y son contratados cuando se reciben de sus respectivos títulos por $ 4.000 mensuales.
Durante la era ‘K’ los salarios de los Convenios Colectivos de Trabajo aumentaron mucho más que la evolución de la góndola, y los únicos salarios que crecieron por debajo de la evolución del curso monetario fueron los ingresos fijos de los profesionales terciarios y universitarios. Sin embargo, los títulos que uno exhiba son esenciales a los fines de evaluar los mandos medios y superiores de las organizaciones.
En 1920 más de la mitad de los puestos de trabajo disponibles no exigían saber leer y escribir. Eran para tareas agropecuarias, de construcción, de carga y descarga de barcos y de mercaderías, y en general exigían fuerza o resistencia.
En 1945 existían solo el 30% de los profesionales requeridos en un mercado en pleno desarrollo. Hoy los analfabetos tanto estructurales como funcionales solo pueden ser cartoneros y aspirar a un plan social y no tienen oportunidades reales en el mercado, salvo el personal del servicio doméstico y algunas tareas muy elementales como limpieza, vigilancia, recolección de residuos o conducción de vehículos. En 1960 creció en forma singular la conciencia social sobre la educación profesional y especializada como una llave para mejorar la posición económica y social. En los 70 resultaba compatible con la consolidada clase media que los hijos debían terminar sus estudios hasta lograr un título de los que se denominaban completos.
Cada vez que se produjo una crisis con desempleo, en 1973, 1977, 1987, 1989, 1991/93, 1997, 2001/2 y 2003, se habla de la fuga de cerebros y la necesidad de los profesionales de buscar nuevos horizontes en otros países. Sin embargo, seguimos produciendo cantidad de profesionales record, distribuidos en forma más que desigual. En efecto, abogados y médicos son líderes en cantidad de egresados, y en cantidad de desempleados en sus propias profesiones. De los 60.000 abogados matriculados en la Ciudad Autónoma solo el 20% ejerce la profesión. Faltan ingenieros orientados hacia las nuevas tecnologías, expertos en sistemas, y robótica y automación, y en especial técnicos ligados a la informática y al desarrollo de nuevos productos y servicios.
En cualquier caso, la tendencia se orienta a las profesiones técnicas que frente a los avances vinculados a las comunicaciones y la sustitución del trabajo humano por la robótica, reemplazando muchas operaciones y servicios, por sistemas automáticos. Basta con ver lo que ocurre con los cajeros automáticos que hoy reemplazan a 30.000 trabajadores.
En cuanto a los grupos excluidos, existen muchas discrepancias dentro de nuestros cálculos estadísticos. Dejando de lado las diferenciaciones que existen entre pobres y ricos, o entre protegidos y dependientes, que en sí mismo no son categorías de fácil reconocimiento, resulta claro que alrededor de 5.000.000 de personas están excluidas del mercado, de los cuales casi el 100% no terminó la escuela primaria.
Entre ellos tenemos los cartoneros o recuperadores urbanos de reciclables desarrollados a partir de la profundización de la crisis económica y social argentina desde 1999 hasta 2002, como respuesta al desempleo y la pobreza extrema en la que se encontraban muchos sectores populares. En 2002, se calculó que alrededor de 40.000 cartoneros trabajan en Buenos Aires, y llegaron a un tope de 60.000 en el 2003, y otros 40.000 en el cordón urbano de la Provincia de Buenos Aires. La mayoría cuenta con cuatro fuentes de ingreso: lo obtenido por la venta de los reciclados ya clasificados (a razón de $ 400 a $ 600 por semana), los planes sociales como la asignación universal (en promedio unos $ 1.200 por mes), el plan de asistencia médica estatal o del PAMI y el Plan ‘Remediar’ que provee asistencia médica y farmacéutica, las cajas de asistencia (alimentos básicos) distribuidos en los municipios, y los beneficios del Gobierno de la Ciudad que ha provisto vehículos de trasporte, indumentaria (camperas, pantalones y calzado) con bandas luminicentes para operación nocturna. Este grupo social se encuentra aislado de cualquier forma de progreso personal o social, y las distintas generaciones siguen manteniendo la actividad en forma sistemática. La transmisión de estas prácticas de padres a hijos no están exentas, en alrededor del 25% de los grupos marginales que se relacionan con actividades delictivas, porcentaje que era insignificante al comenzar este proceso en el 2001 y sigue creciendo año tras año. Sin embargo, para que ésta población no crezca y tenga una salida viable hacia una oportunidad en el mercado hay que educar y facilitar la educación gratuita a todo nivel (incluyendo los adultos) y crear un ‘puente’ que conecte a los excluidos con oportunidades que los lleven a incorporarse al mercado de trabajo en forma competitiva, de modo de tener la posibilidad de crecer y de desarrollarse. Ninguna iniciativa es posible si no se unen en esta cruzada el Estado a todo nivel, los empleadores y los sindicatos, y los dependientes que tienen empleo.
El mercado demanda profesionales, inclusive aquellos que están sobre capacitados y no los retribuye ni compensa en forma equitativa, y a la vez, debe integrar a los excluidos a los cuales no les brinda las herramientas idóneas para poder integrarse en un empleo decente.
El Papa Francisco ha desafiado a todos sin diferenciación a que luchen contra la pobreza a través de los medios más idóneos que existen: educación responsable y oportunidades para trabajar, de modo que todos los que la perdieron tengan la posibilidad de recuperar la dignidad a través del trabajo decente.
$ 3.500 de salario mensual de bolsillo. Se exige ser bilingüe al aspirar a un puesto de telefonista de $ 4.000 de sueldo. En los estudios profesionales o en las organizaciones que requieren profesionales, los arquitectos, ingenieros, contadores, abogados, bioquímicos, farmacéuticos, y otros realizan pasantías por $ 1.500 a $ 2.500 para realizar la primera experiencia, y son contratados cuando se reciben de sus respectivos títulos por $ 4.000 mensuales.
Durante la era ‘K’ los salarios de los Convenios Colectivos de Trabajo aumentaron mucho más que la evolución de la góndola, y los únicos salarios que crecieron por debajo de la evolución del curso monetario fueron los ingresos fijos de los profesionales terciarios y universitarios. Sin embargo, los títulos que uno exhiba son esenciales a los fines de evaluar los mandos medios y superiores de las organizaciones.
En 1920 más de la mitad de los puestos de trabajo disponibles no exigían saber leer y escribir. Eran para tareas agropecuarias, de construcción, de carga y descarga de barcos y de mercaderías, y en general exigían fuerza o resistencia.
En 1945 existían solo el 30% de los profesionales requeridos en un mercado en pleno desarrollo. Hoy los analfabetos tanto estructurales como funcionales solo pueden ser cartoneros y aspirar a un plan social y no tienen oportunidades reales en el mercado, salvo el personal del servicio doméstico y algunas tareas muy elementales como limpieza, vigilancia, recolección de residuos o conducción de vehículos. En 1960 creció en forma singular la conciencia social sobre la educación profesional y especializada como una llave para mejorar la posición económica y social. En los 70 resultaba compatible con la consolidada clase media que los hijos debían terminar sus estudios hasta lograr un título de los que se denominaban completos.
Cada vez que se produjo una crisis con desempleo, en 1973, 1977, 1987, 1989, 1991/93, 1997, 2001/2 y 2003, se habla de la fuga de cerebros y la necesidad de los profesionales de buscar nuevos horizontes en otros países. Sin embargo, seguimos produciendo cantidad de profesionales record, distribuidos en forma más que desigual. En efecto, abogados y médicos son líderes en cantidad de egresados, y en cantidad de desempleados en sus propias profesiones. De los 60.000 abogados matriculados en la Ciudad Autónoma solo el 20% ejerce la profesión. Faltan ingenieros orientados hacia las nuevas tecnologías, expertos en sistemas, y robótica y automación, y en especial técnicos ligados a la informática y al desarrollo de nuevos productos y servicios.
En cualquier caso, la tendencia se orienta a las profesiones técnicas que frente a los avances vinculados a las comunicaciones y la sustitución del trabajo humano por la robótica, reemplazando muchas operaciones y servicios, por sistemas automáticos. Basta con ver lo que ocurre con los cajeros automáticos que hoy reemplazan a 30.000 trabajadores.
En cuanto a los grupos excluidos, existen muchas discrepancias dentro de nuestros cálculos estadísticos. Dejando de lado las diferenciaciones que existen entre pobres y ricos, o entre protegidos y dependientes, que en sí mismo no son categorías de fácil reconocimiento, resulta claro que alrededor de 5.000.000 de personas están excluidas del mercado, de los cuales casi el 100% no terminó la escuela primaria.
Entre ellos tenemos los cartoneros o recuperadores urbanos de reciclables desarrollados a partir de la profundización de la crisis económica y social argentina desde 1999 hasta 2002, como respuesta al desempleo y la pobreza extrema en la que se encontraban muchos sectores populares. En 2002, se calculó que alrededor de 40.000 cartoneros trabajan en Buenos Aires, y llegaron a un tope de 60.000 en el 2003, y otros 40.000 en el cordón urbano de la Provincia de Buenos Aires. La mayoría cuenta con cuatro fuentes de ingreso: lo obtenido por la venta de los reciclados ya clasificados (a razón de $ 400 a $ 600 por semana), los planes sociales como la asignación universal (en promedio unos $ 1.200 por mes), el plan de asistencia médica estatal o del PAMI y el Plan ‘Remediar’ que provee asistencia médica y farmacéutica, las cajas de asistencia (alimentos básicos) distribuidos en los municipios, y los beneficios del Gobierno de la Ciudad que ha provisto vehículos de trasporte, indumentaria (camperas, pantalones y calzado) con bandas luminicentes para operación nocturna. Este grupo social se encuentra aislado de cualquier forma de progreso personal o social, y las distintas generaciones siguen manteniendo la actividad en forma sistemática. La transmisión de estas prácticas de padres a hijos no están exentas, en alrededor del 25% de los grupos marginales que se relacionan con actividades delictivas, porcentaje que era insignificante al comenzar este proceso en el 2001 y sigue creciendo año tras año. Sin embargo, para que ésta población no crezca y tenga una salida viable hacia una oportunidad en el mercado hay que educar y facilitar la educación gratuita a todo nivel (incluyendo los adultos) y crear un ‘puente’ que conecte a los excluidos con oportunidades que los lleven a incorporarse al mercado de trabajo en forma competitiva, de modo de tener la posibilidad de crecer y de desarrollarse. Ninguna iniciativa es posible si no se unen en esta cruzada el Estado a todo nivel, los empleadores y los sindicatos, y los dependientes que tienen empleo.
El mercado demanda profesionales, inclusive aquellos que están sobre capacitados y no los retribuye ni compensa en forma equitativa, y a la vez, debe integrar a los excluidos a los cuales no les brinda las herramientas idóneas para poder integrarse en un empleo decente.
El Papa Francisco ha desafiado a todos sin diferenciación a que luchen contra la pobreza a través de los medios más idóneos que existen: educación responsable y oportunidades para trabajar, de modo que todos los que la perdieron tengan la posibilidad de recuperar la dignidad a través del trabajo decente.
