Los fantasmas de siempre ante el nuevo ciclo lectivo
Una vez más, las discusiones salariales y la amenaza de paros docentes contradicen los anuncios orientados a una educación de excelencia
Apenas quince días faltan para el comienzo de las clases en la Argentina y ya hay, como todos los comienzos de año, algunos graves interrogantes planteados. En principio, la discusión salarial con los gremios y la amenaza de paros docentes les han aguado la alegría a las autoridades educativas que el martes pasado habían celebrado el hecho de que fuera la misma Presidenta la que presentaba en sociedad el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016, que había sido suscripto por el Consejo Federal de Educación en diciembre pasado.
En realidad, el nuevo programa anunciado no ha traído novedades; es la continuación del Plan de Educación Obligatoria 2009-2011. Confirma, entonces, el ciclo lectivo de 190 días iniciado el año pasado; amplía a un año el período obligatorio de escuela, con la incorporación de los niños de 4 años (aunque no se hizo referencia al momento del quinquenio en que comenzará a regir), y contempla la creación de un índice de mejora de la educación secundaria y de un programa de formación de directores y supervisores de nivel primario. Por fin, se creará además una Comisión Nacional de Evaluación de la Formación Docente, de la que no se han divulgado aún más precisiones, y se trabajará en fortalecer la formación de los facilitadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para contribuir a potenciar el uso de las computadoras en el aula.
Otro anuncio, el de la duplicación en el próximo quinquenio de la cantidad de escuelas con jornada extendida -actualmente hay 2400 de ese tipo y la intención es llegar a 4800- ya figuraba en la ley de financiamiento: allí se exigía, para 2010, que el 30 por ciento de las escuelas fuera de doble jornada, y solo se llegó hasta ahora al 6 por ciento.
Es decir que se han vuelto a anunciar una vez más las propuestas ya formuladas en años anteriores y solo parcialmente cumplidas. Por supuesto, todos seguiremos estando de acuerdo con ellas; además, es evidente que, al aumentar la escolarización de nuevos alumnos (alrededor de 140.000 ingresarían en el sistema), se hace más que urgente la construcción de las 3000 nuevas aulas, también prometidas en el discurso presidencial del martes pasado.
Paralelamente a esos anuncios, está siempre la otra realidad, muy distinta, esa que se encarga de bajar a la tierra a las autoridades y sus idílicas promesas, y es la de las discusiones salariales con los distintos sindicatos docentes en todo el país, que, hasta anteayer, no habían llegado a buen puerto.
La prometida mejora de suba del salario mínimo por encima del 17 por ciento, la cifra anteriormente propuesta por el ministro de Educación Alberto Sileoni, debería ser calculada de manera muy optimista como para que llegue a convencer a los representantes docentes quienes, por el contrario, no parecen dispuestos a moverse un ápice del 30% de incremento exigido, a pesar de que las autoridades ya hayan tildado a la cifra de «irreal».
La falta de acuerdo se replica en el ámbito bonaerense. También allí peligra el inicio de clases: el gobernador Scioli ya anticipó que para las arcas provinciales ese aumento salarial promedio del 30% es «imposible de afrontar». El incremento, que reclama el Frente Gremial Docente, incluye la suba del sueldo básico y el blanqueo de bonificaciones.
Así las cosas, en los escasos cinco días hábiles que quedarán luego de la pausa obligada del fin de semana largo, parece difícil que se llegue a un acuerdo con los gremios para evitar los paros en el retorno a las aulas el próximo 25, y que los alumnos no sean otra vez rehenes de la situación. Si se recuerda lo ocurrido en 2012 -como no se logró el entendimiento, a horas de comienzo de las clases el salario mínimo fue elevado por decreto a $ 2800, es decir, más del 20 por ciento-, no sería extraño que se recurra a la misma solución (ahora el piso salarial exigido por los docentes es de $ 3650 y el Gobierno propone llevarlo hasta los $ 3280).
Cuando se comparan las cifras mencionadas arriba es que surge, con más patetismo, la situación de la educación en la Argentina. Por más justificados y bienintencionados que sean los planes elaborados desde los ámbitos técnicos y académicos, falta saber cómo se logrará cumplir con ellos cuando la realidad se encarga de demostrar que ni siquiera se puede dar a los docentes -los encargados de llevarlos a la práctica- una remuneración acorde con sus necesidades más inmediatas. Hace algunos meses, desde estas mismas columnas, alertábamos sobre la necesidad imperiosa de asumir todos, sociedad y Estado la situación de decadencia y anomia educativa, y declarar a la educación argentina en emergencia. Desgraciadamente, la situación no ha cambiado.
