Educación: las razones de la caída y los caminos para mejorar

Más horas de clases, evaluar a los docentes y reducir el ausentismo son temas urgentes para los expertos

Por María Elena Polack  | LA NACION

    

 Foto: Ilustración Pablo G. Feliz

 

Siete millones de argentinos no terminaron el nivel secundario. La jornada completa se cumple en el 5,6% de las escuelas primarias del país, aunque la ley preveía el 30% para 2010. De cada 100 egresados del nivel medio, sólo 29 concluyen una carrera universitaria. No hay cifras oficiales de ausentismo docente, pero se estima que ronda el 20% anual.

Con esos números alcanza para comprender por qué nos va mal en la educación como confirman evaluaciones internacionales, como PISA, que ubican a nuestro país en el fondo de un ranking de 65 países por la escasa comprensión en matemática, lengua y ciencia que tienen los adolescentes de 15 años.

Mientras buena parte de la dirigencia política no toca el tema (el archivo de la última campaña no miente) y los gremios no sienten como propios los fracasos, especialistas en educación plantean distintos aspectos para comenzar a mejorar.

Al menos podrían bocetarse cinco medidas para comenzar a frenar las malas notas y las frustraciones: Escolaridad desde los 3 años de edad, más horas de clase, carrera universitaria y jerarquización de la profesión docente, evaluaciones sistemáticas y un instituto de calidad educativa para diseñar políticas a largo plazo.

«La única manera de saber que algo fue aprendido es con una evaluación», afirma a LA NACION Guillermina Tiramonti, especialista en educación de Flacso. Y advierte: «Tiene que haber un sentido del bien educativo por sobre los intereses corporativos».

«Hay que insistir en las evaluaciones, hay que evaluar de forma más integral, establecer metas. No hay que hacer ránkings, sino identificar las escuelas que tienen problemas para buscar las soluciones», añade Tiramonti.

Para el director del Centro de Estudios de Educación de la Universidad de Belgrano, Alieto Guadagni, «hay que jerarquizar la carrera docente» y pone como ejemplo lo que sucede en Finlandia y en Ecuador. «Los mejores estudiantes secundarios tienen que seguir la carrera de maestros» y no soslaya que «los docentes deben ser los funcionarios mejores pagos porque debe jerarquizarse la carrera». En Ecuador, para cursar la carrera docente, se deben obtener 800 puntos para ingresar en la universidad; para ser ingeniero basta con 500.

Guadagni también consigna la necesidad de que la escuela tenga «mayor autonomía en la gestión para alcanzar un mejor desempeño». En ese sentido, para Tiramonti es «fundamental que los docentes sean nombrados por cargos y que puedan conformarse equipos de trabajo para poder procesar la complejidad del aprendizaje».

El ex ministro de Educación Juan José Llach insta a que «los mejores maestros y profesores enseñen en las zonas más necesitadas». A su criterio, hay que «concentrar las horas cátedra secundarias en, a lo sumo, dos instituciones, para integrar equipos» y «premiar a todas las escuelas que mejoran sus resultados».

El presidente de la Asociación Proyecto Educar 2050, Manuel Álvarez Trongé, afirma: «Un director acompañado, con formación en gestión, liderazgo y nuevas tecnologías cambia una escuela y conforma un ciclo virtuoso. El buen director hace equipo con sus docentes y los estimula a trabajar en red». Y plantea: «Debiéramos comenzar por hacer una campaña de emergencia en las cinco mil escuelas ubicadas en las zonas más desfavorecidas del país y a esas escuelas darles los mejores maestros, la mejor infraestructura y la mejor tecnología y recursos».

En busca de explicaciones sobre el desequilibrio en el aprendizaje, el ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich mira el dato que aporta PISA sobre el mejor rendimiento que tienen los chicos que tienen más de un año de escolaridad previa al nivel obligatorio que, en la Argentina es el preescolar (5 años).

Por eso, anunció esta última semana el objetivo de cubrir el 100 por ciento de las vacantes de tres años de aquí a 2015. Para Florencia Daura, de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, una de las primeras medidas es mejorar la formación docente: «En su contenido, en su motivación, en el manejo de situaciones disruptivas (como el bullying ) y en el vínculo con los padres de los alumnos».

Daura advierte que «la familia está dejando de ser la primera instancia socializadora del niño, que no se reconoce como la autoridad y el límite» y por esa razón «la realidad social impacta en la situación educativa».

El tiempo de clases también es una cuestión clave: para Bullrich sumar al menos dos horas de clase por día hasta cubrir el doble turno permitiría contar con 360 horas más por año sin modificar las 190 jornadas actuales.

El silencio de quienes manejan la educación argentina, los gobernadores, no deja de sorprender a los especialistas. Es que los gobernadores no se manifiestan preocupados por los malos resultados en las evaluaciones, aunque manejan los presupuestos escolares en sus distritos. Guadagni entiende que es necesaria la reformulación de la ley de coparticipación para que se pueda «premiar» a las provincias que mejoren la educación cuantitativa y cualitativamente. «Los gobernadores no se dieron por enterados de los resultados de PISA», señala con preocupación.

«Lo primero de lo primero: que los 25 gobiernos (Nación y provincias) reconozcan la realidad, como lo han hecho Uruguay y Finlandia y aquí sólo la Ciudad de Buenos Aires, hasta ahora. Hoy el Gobierno nacional niega que haya un problema: así es imposible mejorar la calidad», resume el economista y sociólogo Llach.

Amplios consensos, políticas a largo plazo que trasciendan períodos gubernamentales y debates sobre los intereses corporativos son las razones por las cuales se considera valiosa la existencia de un Instituto de Calidad Educativa. Iniciativas similares a la que impulsa la Ciudad de Buenos Aires funcionan hace tiempo en Holanda, Australia, los Estados Unidos, Chile, Uruguay, España, México y Brasil. En la Argentina comenzó a funcionar un ente parecido a fines de 1999, pero fue derogado por decreto en 2002..