Por Juan J. Llach |  Para LA NACION

Hay que lamentar que al vencer la ley de financiamiento de la educación en 2010 no se hiciera una evaluación de sus resultados educativos, sociales y económicos, y que ella no fuera prorrogada o, mejor aún, reemplazada por una versión superadora. Algo muy difícil de comprender y que afianza las dudas de muchos acerca del bajo compromiso efectivo de los gobernantes con la educación.

Se construyó, en cambio, uno más de los relatos al uso, de apariencia incuestionable, afirmando el cumplimiento sin atenuantes y sin precedente de las metas financieras. La realidad es que la inversión en educación, ciencia y tecnología como porcentaje del producto bruto interno ha sido un logro de la democracia, de todos nosotros: aumentó sostenidamente, más allá de inevitables ciclos y pese a los dramáticos avatares socioeconómicos del país, desde 1983. El incremento fue mayor entre 1980/83 y 2000 (0,13% del PBI por año) que entre 2000 y 2010 (cuando alcanzó un 0,09 anual).

Más allá de polémicas decimales o sobre los años correctos a medir, es claro que estamos en presencia de una tendencia y no de un milagro ocurrido a partir de 2005. Además, si tenemos en cuenta las circunstancias externas extraordinariamente favorables de la mayor parte de este siglo, tanto mejores que las soportadas por los gobiernos democráticos anteriores, los recientes logros de financiamiento de la educación tienen gusto a poco. Parte de esta confusión surge de las falacias del Indec, que no se limitan a la inflación y alcanzan también al producto bruto interno. Por ejemplo, en la versión oficial la meta de invertir 6% del PBI en educación, ciencia y tecnología se habría cumplido con creces al llegar a 6,23%. Pero usando una versión más realista del PBI, la inversión verdadera fue 5,76% del PBI y la meta no se cumplió.

No alcanza hacia el futuro lo establecido en el artículo 9 de la ley de educación nacional de 2006, que establece que desde 2011 el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación no será inferior al 6% del PBI. Y no alcanza por más que se lo ratifique cada año en el presupuesto nacional, porque nada se dice de las obligaciones específicas de cada provincia, ni de las de la Nación, como sí lo hacía la ley de financiamiento.

Aunque no se ha informado oficialmente, evidencias parciales indican que se habría cumplido en 2011, pero no en 2012. Para 2013 se han agregado cláusulas insólitas, como la que dice que hay que asegurar el reparto automático de los recursos a los municipios para cubrir gastos ligados a la finalidad educación. Es cierto que, ante las falencias de la Nación y de las provincias y pese a no ser su función, los municipios están realizando cada vez más tareas educativas. Pero la cláusula difiere de la ley de financiamiento original, que se refería sólo a la Nación y las provincias. Sin ley, en fin, hay también menos reaseguros del cumplimiento de las metas, por ejemplo, por la desaparición de los recursos coparticipables de las provincias como garantía de su cumplimiento; la garantía dada por los coparticipables de la Nación estaba en el proyecto original de 2005, pero fue escamoteada de la ley.

Más importante aún es que las metas propiamente educativas quedaron incumplidas en gran medida. La escolarización de 12 a 24 años aumentó apenas de 60,5% a 61,7% entre 2001 y 2010. La graduación a tiempo en la escuela media subió entre 2003 y 2010 tan sólo del 39% al 44%. A los 15 años de edad, sólo un 52% de los chicos comprenden cabalmente lo que leen. En concordancia, la prioridad de los más pobres está mucho más presente en el relato que en la realidad, y la participación de la educación básica en el financiamiento educativo cayó del 38% al 32% entre 2003 y 2010, principalmente por el aumento de la educación superior. El aumento de los salarios docentes -cerca de un 30% en términos reales desde 2005- absorbió, puede estimarse, cerca de un 75% de los recursos. Esta mejora es condición imprescindible para jerarquizar la profesión y también para lograr los objetivos de escolarización y calidad educativa. Pero esa participación limitó otras metas y, además, no tuvo hasta ahora contraprestación en el cumplimiento de otros mandatos de las leyes que se condicionaron a la negociación colectiva, tales como que los mejores docentes enseñen en las escuelas y zonas más necesitadas o que ellos puedan llegar a la máxima jerarquía salarial sin dejar el aula. Sí se logró en parte más concentración de las horas de los profesores de la enseñanza media en una o dos escuelas, para acentuar así su compromiso con el proyecto educativo institucional.

Lo reseñado evidencia que sin una mejora sustancial de las políticas la educación en la Argentina seguirá perdiendo posiciones aun en el contexto latinoamericano y no podrá cumplir el rol que le cabe de aportar a la construcción de una sociedad más justa y con menos exclusión. Se sabe que el poder de las leyes para transformar la realidad es limitado, pero una nueva ley, ya no sólo de financiamiento, sino también de justicia y calidad educativas, colocaría esta cuestión en lo más alto de la agenda pública y ayudaría al cumplimiento de renovadas metas de inversión ligadas a otras educativas. Entre ellas, deberían destacarse la efectiva prioridad a los chicos que viven en contextos más desfavorables, para impulsar su acceso a la educación inicial; la doble jornada para que todos puedan acceder al desarrollo físico, la segunda lengua, la tecnología o la expresión artística, así como a la adquisición de competencias laborales en la enseñanza media, para reducir el casi millón de jóvenes que no trabajan ni estudian. Esto debería acompañarse con renovadas políticas de mejora escolar, sólo posibles con evaluaciones censales de los aprendizajes cada dos años. No es que no se esté «haciendo nada», ya que hay algunas jurisdicciones que han iniciado estos caminos y, desde la órbita nacional, se ha lanzado un plan 2012-2016 que contiene algunas de las metas mencionadas. Pero el ritmo de avance de las políticas nacionales y de la gran mayoría de las provincias está todavía muy lejos del necesario para impedir que continúe el retraso educativo del país y, sobre todo, de los más necesitados.

Más dinero no garantiza mejores resultados educativos. Pero sin más y mejor financiamiento tampoco habrá más educación inicial, ni más chicos con doble jornada, ni competencias laborales de los jóvenes. Decididamente, no alcanza para eso el 6% del PBI. Por eso es digno de consideración el proyecto de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de invertir en la educación la mayor parte de las rentas de las nuevas reservas de petróleo y gas. La idea es clara: lograr un desarrollo sostenible mediante la transformación de los recursos no renovables en capital humano que posibilite una sociedad más justa e inclusiva.