La estampa de la normativa vigente

En la carrera de comunicación social en la UNR, un profesor de sociología era tan afecto a seguir las reglamentaciones establecidas que hasta bordeaba el ridículo. En una oportunidad, se lo vio leyendo en voz alta, en un pasillo vacío de la facultad, la nómina de los estudiantes que se habían anotado para rendir el examen de su materia. «Profesor, mire que no hay nadie», le dijo un alumno que se apiadó de la escena digna de una película del neorrealismo italiano. «No importa, yo debo cumplir con lo que indican las reglas de la universidad», respondió el docente, y continuó llamando a la nada mientras su voz se perdía por los pasillos.

La situación se puede considerar mejor si se acota que era el año 1980, plena dictadura militar, y cualquier decisión que se saliera de lo establecido corría riesgo serio de sanción y aún más.

Hace menos años, un par, una supervisora de nivel primario de la provincia de Santa Fe dejaba sin efecto y le abría un sumario administrativo a una directora de escuela por haber organizado para un día sábado un encuentro de docentes para intercambiar experiencias pedagógicas. La directora en cuestión lo había comunicado a su superior, pero sin esperar la respuesta final y por tratarse de un día sábado siguió con la idea. Finalmente, la supervisora entró en razones y el sumario quedó sin efecto. Igual, el malestar dejó sus huellas en la salud de la directiva que hasta la fecha no logra entender por qué una iniciativa de capacitación era cuestionada por «no haber seguido los canales correspondientes».  

Y así se podrían seguir enumerando anécdotas que de sólo mencionarlas mueven a la indignación inmediata.La última es la que se conoció ayer a través de este diario: la negativa de que una secundaria de Rosario lleve el nombre de una joven desaparecida, Sonia Beatriz González, porque «no se encuadra en la normativa vigente».

Apenas se publicó la novedad, los llamados para explicar que «la notificación no había llegado aún a la escuela», que «el trámite no estaba cerrado» y que «la palabra final la tenía la ministra de Educación» se multiplicaron. Al parecer el apuro por aclarar que «esto no era una decisión final» y que «no estaba plasmada en una norma» devino porque dentro del propio ministerio algunos funcionarios ya estaban al tanto de este pedido y se mostraban a favor. Otros sencillamente lo desconocían.

 Es así que se podría pensar que la directora provincial de Educación Secundaria, Nora Reina, rechazó esta propuesta porque firmó «apurada» o sólo siguiendo un «camino meramente técnico», como deslizaron en algún que otro de esos llamados.

 Hay que saber que en el texto donde se concreta este rechazo se argumenta que «los nombres propuestos para imponer al establecimiento educativo no se encuadran en los requisitos establecidos en la reglamentación vigente (…) motivo por el cual deberá remitir una nueva terna de nombres», y en el caso específico de Sonia B. González, que además «de no encuadrarse en los requisitos establecidos a tal fin, por no tratarse de una personalidad destacada».

Como sea, lo cierto es que un trámite que ya lleva un año circulando por el Ministerio de Educación santafesino recibe en lugar de una bienvenida la negativa de una funcionaria de primera línea. La directora Reina es la responsable de gestionar la educación secundaria en la provincia de Santa Fe, y entre otras importantes tareas tiene por estos días -junto a otros directores provinciales- la de llevar adelante la reforma curricular del secundario.

 Es cierto, y necesario, que la imposición del nombre a una escuela debe transcurrir por un curso legal. Eso le da fuerza a la definición, apoya la medida -en este caso elegido por estudiantes y profesores- y sobre todo acompaña las decisiones democráticas que se toman en las aulas.

También, y por otro lado, una rápida lectura de las resoluciones mencionadas en estos textos oficiales (la número 852/91 y su modificatoria 287/02) permite saber que la palabra final la tiene la ministra Letizia Mengarelli. Dato que se apuraron a explotar desde el Ministerio, cuando se conoció públicamente el rechazo al nombre por parte de la dirección provincial.

 Lo que no se puede cambiar, y hecho está, es que la firma de Reina estampada como respuesta es toda una presentación de cómo se resuelven muchas medidas dentro de la cartera educativa y qué piensan quienes están al frente de áreas clave. En este caso se trata de una definición donde está en juego algo mucho mayor que la «normativa vigente»: un pedido de jóvenes comprometidos con la memoria, el valor de realzar la historia truncada de una joven obrera víctima de la dictadura y, de paso, dar una buena clase de democracia y derechos humanos. Está claro que esto es tomar una decisión política.